«La tortura sistema que lo abarca todo»

y

«lenguaje de la brutal lógica de los dominadores»

 

Miércoles 13 de agosto de 2008, por  Fernando Crespo Gutiérrez 

La rareza de que un juez de la Audiencia Nacional decrete la libertad provisional, bajo fianza de 6.000€, de un joven presunto implicado en el lanzamiento de un cóctel molotov contra la subdelegación del gobierno español en Gasteiz, después de que oyera su relato de las torturas sufridas en el día y medio que estuvo en manos de la Guardia Civil, esa excepción a la norma, que supuso al encausado presuntamente torturado el fin de la incomunicación, ha desatado la caja de los truenos y descalificaciones del Sindicato Unificado de Policía y de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, ante la pasividad y silencio de los responsables de afrontar el linchamiento policial de un juez, y es causa también de que el periodista Antonio Álvarez Solís dedique hoy su habitual colaboración en Gara al análisis de las declaraciones de los representantes de ambos cuerpos policiales, que ponen en entredicho la decisión judicial desde la óptica de una «alarmante personalización de la seguridad», que, de probarse mediante una adecuada investigación las torturas sufridas por los detenidos, convertiría «la acción policial en una irrazonable lucha entre dos bandos». Álvarez Solís cuestiona a organizaciones que, como Amnistía Internacional, «no se deciden a dar el paso esencial de explicar las raíces políticas, sociales y económicas de la tortura», haciendo referencia a la obra de Naomi Klein «La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre» («La tortura es un indicador de que un régimen, aunque haya llegado al poder mediante las elecciones, está sumido en un proyecto profundamente antidemocrático». No deben rechazarse meramente «algunas prácticas específicas de la tortura sino el objetivo superior que las ampara y para cuyo logro resulta esenciales»), así como a Simone de Beauvoir («Protestar en nombre de la moral contra excesos y abusos es un error que sugiere complicidad activa. No hay abusos o excesos aquí sino simplemente un sistema que lo abarca todo»), para concluír que se trata del «imperio de un mecanismo perfectamente engrasado desde planos muy superiores y trascendentes para la vida colectiva. La tortura constituye el lenguaje de la brutal lógica de los dominadores», realidad ante la que emplaza tanto a los periodistas como al presidente José Luis Rodríguez Zapatero: el más falso de la historia de España, también cuando habla del Estado de Derecho y de la protección de la libertad.************************************************************

 

¿Qué pasó en el alma del juez Pedraz? 

 

«Imaginemos la escena. El juez Pedraz interroga a Ailande Hernáez, acusado de «kale borroka». Ailande explica al magistrado las torturas que ha sufrido, dando señales muy concretas de las mismas. Día y medio en un cuartelillo de la Guardia Civil hace que Ailande pierda el sentido del tiempo, como atestigua su abogada. Tras el interrogatorio, el juez Pedraz decreta la libertad provisional del detenido, aunque imponiéndole una fianza de seis mil euros y el cese, por tanto, de su incomunicación, de la cual el arrestado describe el horror vivido.

¿Qué pasó por el alma del magistrado, que suspende la incomunicación de Ailande tras escucharle? Hay que hacerse esa pregunta. El magistrado no parece ser «un típico pijo rojo de los años ochenta», como afirma el secretario general del Sindicato Unificado de Policía, Sr. Sánchez Fornet. Es más, asegurar tal cosa -aparte la clara injuria a un juez en su tribunal- revela en quien lo dice la persistente continuidad ideológica en una Policía heredera del franquismo. ¿Dónde está, por consiguiente, el nuevo y democrático espíritu que se quería ver en la Transición? Evidentemente sigue pesando en el lenguaje del Sr. Sánchez Fornet el odio hacia los «pijos rojos». Mala cosa.

Más. El Sr. Sánchez Fornet y los representantes de la Policía, la Guardia Civil y la Unión de Oficiales de esta última organización armada subrayan que el magistrado decretó esta libertad provisional porque no ha sentido «en sus propias carnes» la acción del terrorismo. Más aún: todas estas esferas corporativas afirman, en este caso la Asociación Unificada de Guardias Civiles, que un acto de «kale borroka» como el atribuido a Ailande -el lanzamiento de un cóctel Molotov contra la subdelegación del Gobierno de Madrid en Vitoria- «amenaza la vida de los agentes que custodian el edificio». Precisamente al peligro en que viven los agentes de las Fuerzas de Seguridad se refiere por su parte la Unión de Oficiales de la Guardia Civil cuando sus representantes apoyan al Sr. Sánchez Fornet al insistir en que quizá el magistrado Sr. Pedraz cambiaría de criterio sobre su aplicación de la ley si sufriera el ataque de cócteles molotov, lo que serviría «para que estos jueces valoren el sufrimiento en el País Vasco de los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado y sus familias». En una palabra: los representantes de los agentes de seguridad no hacen referencia alguna al orden público en general sino al peligro en que viven esos agentes, lo que conduce a una alarmante personalización de la seguridad. Todo policía sabe que su misión es de riesgo, tenga éste una raíz política o provenga del llamado delito común. Pero ese riesgo no ha de justificar una respuesta perversa, si es que se prueban mediante una investigación solemne las torturas sufridas extra-lege por los detenidos, ni han de pasar a primer orden de consideraciones los peligros que dimanan del oficio policial. Insisto en que la personalización de estas amenazas o daños convierten la acción de la Policía en una irrazonable lucha entre dos bandos, cuando la Policía tiene por misión operar con la mayor asepsia para contribuir a una perfecta acción judicial.

Por cierto, ¿qué opina de todo ello el Gobierno de Madrid y especialmente el ministro del Interior, que recuerda mucho en su discurso la justificación hecha por Felipe González de los desagües del Estado? ¿Cómo es posible que las Fuerzas de Seguridad puedan agraviar con tan deleznable frivolidad a un juez sin que los mandos políticos y orgánicos de esas fuerzas tomen medidas para restaurar la higiene ética de esas fuerzas, desbocadas en su lenguaje, lo que quiere decir desbocadas en su disciplina? ¿En qué queda la solemnidad ejemplar que ha de revestir la acción policial para que todo ciudadano encuentre justamente retribuida su soberanía, que es la que en teoría sostiene a los agentes que protagonizan esa acción? ¿Estamos de hecho en una guerra sin el mínimo amparo de la Convención de Ginebra? ¿Cómo distinguir a los tenidos por justos combatientes de aquellos que no lo son, según la definición oficial?

En estas condiciones creo que debería superarse incluso el espíritu de organizaciones como Amnistía Internacional, que batallan ardidamente contra la injuria de la tortura, pero que no se deciden a dar el paso esencial de explicar qué raíces políticas, sociales y muchas veces económicas tiene esa tortura. De ello habla con una contundente brillantez Noemí Klein en su monumental obra «La doctrina del shock»: «La tortura es un indicador de que un régimen está sumido en un proyecto profundamente antidemocrático, aunque ese régimen haya llegado al poder mediante las elecciones». Y añade en méritos a su pensamiento esta magnífica frase de Simone de Beauvoir: «Protestar en nombre de la moral contra `excesos’ y `abusos’ es un error que sugiere complicidad activa. No hay `abusos’ o `excesos’ aquí, sino simplemente un `sistema’ que lo abarca todo». El párrafo de la Sra. Beauvoir lo culmina la profesora Klein con esta consideración de la tortura: «No hay ninguna forma humanitaria de gobernar a la gente contra su voluntad…». Y señala al respecto que no deben rechazarse meramente «algunas prácticas específicas (de la tortura) sino el objetivo superior que las ampara y para (cuyo logro) resultan esenciales». Ahí está la gran cuestión. No se trata, no, del ejercicio brutal de la fuerza por algún loco o sádico, que de todo hay en la viña del Señor, sino del imperio de un mecanismo perfectamente engrasado desde planos muy superiores y trascendentes para la vida colectiva. La tortura en el mundo actual ha sustituido a la razón y constituye el lenguaje de la brutal lógica de los dominadores. Sí, esta es la cuestión.

Y por ello insisto. ¿Qué debió sentir mientras interrogaba a Ailande el juez Pedraz? Cosas amargas seguramente. ¿Quizá impotencia para proceder con una justicia real? ¿Quizá un rechazo muy humano de la presunta forma de obtener unas declaraciones? ¿Quizá repugnancia acerca de lo que estaba viviendo en su tribunal? No lo sé. Sé, según los medios de comunicación, que suspendió la incomunicación y dejó en libertad provisional -lo que no quiere decir que haya dejado resuelto el caso- a Ailande.

¿Y los periodistas? ¿Qué hemos de hacer los periodistas? Pues contar las cosas con rigor y abandonar nuestro habitual comportamiento como parte en el caso. Hay unas posibles torturas, hay una decisión sensible del juez, hay una escandalosa personalización en la Policía y la Guardia Civil y hay, como siempre, un silencio del Sr. Zapatero, del que un diputado del Parlamento catalán, el Sr. Homs, ha dicho, con absoluta llaneza, que el actual presidente del Gobierno de Madrid pasará a la historia «como el más falso de España por prometer una cosa y hacer la contraria». El Sr. Homs se refería, seamos leales en la cita, al incumplimiento de lo que había asegurado el Sr. Zapatero para la nueva financiación de Catalunya, pero bueno será extender esa desautorización moral y política del Sr. Zapatero por lo que hace a su constante insistencia en el vigor del Estado de Derecho y en la protección de la libertad. ¿De qué habla usted, Sr. Zapatero? ¿Dónde está el Estado de Derecho? ¿Dónde la protectora libertad?

Imagino lo que pasó por el alma del juez Pedraz. Debió ser como una nube de tristeza, como una nostalgia de la grandeza que se pidió siempre a la magistratura, hoy maltratada por gentes que vistiendo uniforme han decidido convertir en una guerra de taifas nada menos que la seguridad del Estado. Claro que todo esto lo supongo. En cualquier caso bienvenida sea esa luz entre tanto dolor».

Antonio Alvarez Solís

Periodista

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Alucino con los sindicatos de policía, ellos deberían ser los primeros interesados en que se pusieran las medidas oportunas para que ni pudieran torturar, ni se les pudiera denunciar falsamente. Mi opinión personal es que las torturas están tan extendidas que (aunque las haya de diferentes intensidades), que son conscientes de que tendrían que ir con mucho cuidado…

Siempre he pensado que la calidad de una democracia se mide por como están sus servicios públicos y por lo que veo en España cada vez estamos peor…

¿Enemigos del Imperio?

Justo cuando se ha realizado la vista previa en el juicio por el 11-S nos llega este artículo de Jean-Claude Paye en el que se analizan los juicios que, dentro de esa misma estrategia, se han desarrollado en Francia y Bélgica. Esa estrategia implica que «toda guerrilla, cualquier resistencia de los pueblos contra un enemigo militar superior, se convierte en criminal».

Las implicaciones de los juicios a las «redes kamikazes», que se desarrolla en Bélgica, al igual que en el proceso a las «redes iraquíes» que ha tenido lugar en Francia no son sólo cuestiones internas de ambos países sino que se inscriben en un nuevo orden jurídico internacional. A través de esos procesos, Bélgica y Francia tratan de asentar la jurisprudencia que permita satisfacer las exigencias estadounidenses.

La ley antiterrorista estadounidense, la Military Commissions Act de 2006 otorga al presidente de los Estados Unidos la prerrogativa de designar como enemigos a sus propios ciudadanos o a cualquier ciudadano de otro país con el que EEUU no esté en guerra. Se puede perseguir como «combatiente ilegal enemigo» sin precisar elementos de prueba, sino simplemente porque esa persona es considerada como tal por el Gobierno estadounidense. Esa noción, introducida inmediatamente después de los atentados del 11-S en el Derecho estadounidense a través de un decreto presidencial, tomó carácter de ley en 2006 . Por lo tanto, esa incriminación no responde a una situación de urgencia, sino que se convierte en permanente y se constituye en en pilar sobre el que se construye el nuevo orden jurídico mundial.

En el marco de la Executive Order de 2001, esta noción permitía perseguir o encarcelar, sin inculpación, a cualquier extranjero capturado en los campos de batalla de Afganistán y de Irak o simplemente vendido al Ejército estadounidense por las mafias locales. La ley de 2006 amplía la consideración de «combatiente ilegal enemigo», ya que no se aplica ya sólo sobre los extranjeros detenidos o comprados en el campo de batalla, sino que concierne a cualquier estadounidense o a cualquier extranjero que no haya salido nunca de su país de origen. En el caso de los estadounidenses inculpados en base a esa noción, estos son puestos a disposición de jurisdicciones civiles, mientras que los extranjeros pueden ser procesados por comisiones militares. Las comisiones militares son tribunales especiales que no conceden ningún derecho de defensa y suprimen toda separación entre poderes (ver «La introducción a la anomia en el Derecho», GARA 13/1/2007).

 

El Military Commissions Act de 2006, ley de aplicación internacional, no ha sido cuestionada por ningún estado. Al contrario, asistimos a una adaptación del sistema de Derecho de otras naciones a fin de satisfacer eventuales peticiones de extradición basadas en dicha ley. De ahí la importancia fundamentales del proceso contra las «redes kamikazes» que se desarrolla actualmente en Bélgica como el que afecta a las llamadas «filiales iraquíes» en Francia.

En un conflicto en el el que ni Bélgica ni Francia son partes directas, sus respectivos tribunales se otorgan la competencia de determinar qué parte de las fuerzas que combaten son legítimas y cuáles criminales. En vez de considerar a los detenidos preventivos como combatientes que luchan contra la presencia ilegítima de las tropas estadounidenses, otorgándoles un status previsto en el derecho internacional humanitario, estos tribunales los consideran como terroristas basándose en dos razones: de una parte, su lucha no sería justa, y de la otra, los medios empleados en su combate les identifican como criminales.

El 14 de mayo, el Tribunal Correccional de París condenaba a siete integrantes, seis franceses y un argelino, de la denominada «red iraquí» del distrito XIV de la capital, a penas comprendidas entre los 18 meses y los siete años de prisión firme por «asociación de malhechores en relación a un proyecto terrorista», bajo la acusación de «haber formado parte o participado en una red de reclutamiento y envío de yihadistas a Irak a partir de 2004».

Francia, país que ha condenado oficialmente la invasión de Irak, se integra en la estructura del Imperio al perseguir con sus leyes a jóvenes franceses que han combatido contra la agresión a los iraquíes. Este juicio es muy parecido al que se desarrolla en Bélgica. Se atribuye una competencia universal y criminaliza cualquier acción de resistencia armada a los EEUU. Plantea, asimismo, los mismos problemas en lo concerniente a la legalidad de los medios y pruebas: no se lleva a cabo ninguna investigación en Irak y las acusaciones se basan en las investigaciones en origen aportadas por los estadounidenses y obtenidas en muchos casos bajo tortura.

En Bélgica, acaba de concluir en la Corte de Apelación de Bruselas el juicio de apelación a 5 detenidos preventivos, condenados en primera instancia por «integración en grupo terrorista» a penas comprendidas entre los 28 meses y los 10 años de prisión. Se espera un pronunciamiento del tribunal para el 26 de junio. Estas personas están acusadas de haber participado en una red o filial que habría reclutado en Bélgica a combatientes para luchar en Irak.

Ignorando la existencia de tropas de ocupación, de 150.000 soldados y 100.000 mercenarios, el fiscal belga considera que la ocupación había terminado en el momento de producirse los hechos. El tránsito de un estado de guerra a una situación de paz no estaría determinado por la situación sobre el terreno, sino por la declaración hecha en este sentido por la administración norteamericana. Esta completa aceptación del punto de vista del ocupante ha sido compartida por el tribunal, al estimar que no había conflicto bélico en Irak en el periodo 2004-2005, con el argumento de que las facciones armadas disidentes no han ocupado una parte significativa del territorio iraquí desde la cual podrían haber lanzado ataques sistemáticos. Habría que recordar que de haber aplicado el mismo criterio a los miembros de la resistencia a la ocupación nazi éstos habrían sido considerados automáticamente terroristas.

La acusación y el proceso mismo descansan sobre una construcción: la existencia de una filial belga de kamikazes dispuestos a combatir en Irak. Sin embargo, no se ha podido establecer la existencia de un grupo estructurado de personas y el tribunal no ha aportado pruebas de que las personas juzgadas hayan «reclutado terroristas». Los datos transmitidos por el FBI no permiten saber con precisión lo que realmente ocurrió y el tribunal federal no pudo establecer que los detenidos tuvieran intención de enviar a personas a Irak dispuestas a hacerse estallar como kamikazes.

El tribunal aceptó pruebas recabadas en Argelia, cuando el Consejo de Europa considera que dicho país utiliza sistemáticamente la tortura en el marco de la «lucha antiterrorista». El tribunal se escuda en que no está «ni equipado, ni es competente, ni puede discernir sobre el buen o mal comportamiento de un estado». Sin embargo, ese mismo tribunal que dice que no está habilitado para verificar la legalidad de los medios con que se obtienen las pruebas se otorga una competencia universal para definir qué es una democracia, un estado de guerra o de paz, y hasta para determinar cuándo una guerra o una resistencia son justas.

La falta de visibilidad de estos combatientes es también, a ojos de los tribunales, un elemento que les designa como terroristas. Un combatiente es sólo el que forma parte de un Ejército regular de un estado constituido como tal. Toda guerrilla, cualquier resistencia de los pueblos contra un enemigo militar superior se convierte en criminal. Sin embargo, este juicio no parece aplicarse a los mercenarios contratados por firmas privadas estadounidenses que no se someten al Derecho y que no son, en consecuencia, más identificables que los miembros de la resistencia. Es el poder que se concede el tribunal de nombrar a un enemigo como terrorista el que da lugar a estos juicios. Es el reconocimiento total del Derecho del Imperio mediante la aplicación de la Military Commissions Act de 2006 en suelo europeo.

 

Jean-Claude Paye

Sociólogo

Artículo original

 En definitiva, que Países como Francia, España, Bélgica, se situan deslegitimando la invasión a Iraq, por parte de EEUU, pero a quien lucha en Iraq, contra EEUU, los llama “terroristas”. Siguiendo órdenes de detención de EEUU, para que detenga como “combatientes ilegales” a quienes responden a una invasión ilegal.

¿Donde está la coherencia? ¿Hay derecho a la resistencia y autodefensa por parte de los iraquís frente a una invasion?

¿O Se llama “terroristas” simplemente a quien no es amigo?

¿por qué colaboran los países europeos con un país que invade a otro país cuando se desautorizó esa invasión?

“La guerra es la paz; la libertad es la esclavitud; la ignorancia es la fuerza” – 1984, George Orwell.

Como si nos halláramos en la magistral e inquietante novela de George Orwell, así me siento cuando veo lo acontecido en Zizurkil y cómo nos lo venden desde la práctica totalidad de los incomunicantes medios de comunicación del estado todo. No será esta una excepción y de nuevo volveremos a fijar nuestra mirada en la cadena televisiva que más nos atañe, la televisión pública vasca (EITB), que como en muchos otros casos en los últimos tiempos, no difiere apenas nada de todas las demás, acaso que por lo sibilino en su manera de desinformar al personal, y de querer desmemoriarlo cual orwelliano Ministerio de la Verdad, resulta de lo más representativa entre todas ellas.

Anteayer abría su programa de sobremesa Pásalo con este polémico tema, presentándolo de la siguiente manera:

 

 La ignorancia es la fuerza

 

Por un lado se nos ocultan datos, por el otro se nos dice que Arregi y Geresta eran miembros de ETA. Parece que como soplar y sorber no se puede, o sea, llamar etarras a dos personas nunca juzgadas y al mismo tiempo decir de ellas que fueron víctimas de terrorismo, desde ETB2 decidieron por nosotros lo que tenemos que saber y lo que no.

No seré yo quien niegue la pertenencia a ETA de Arregi y Geresta, puesto que no tengo conocimiento de que haya habido ninguna protesta que negara tal cosa en todos estos años, supondré que era así, pero una cosa son mis suposiciones y otra que en la TV pública vasca se diga que alguien pertenece a un grupo catalogado como terrorista sin que ese alguien haya sido nunca jamás condenado por dicha causa en ningún tribunal. Ya vemos que las calles de Zizurkil, legalmente, no llevan los nombres de dos etakides (militantes de ETA), puesto que ni Arregi ni Geresta fueron nunca condenados por ello, luego se nos miente desde los partidos y se nos miente desde los medios, repito, ni fueron condenados por tal cosa ni admitieron públicamente su pertenencia a ETA, luego, legalmente, no se puede hablar de miembros de ETA como lo han hecho estos adalides de la legalidad del “estado de derecho”.

Por otro lado se nos oculta que ambos al parecer fueron torturados, uno murió a consecuencia de las torturas y a otro, según testimonios que veremos a continuación, le pegaron un tiro en la sien despues de haberle torturado mediante martillazos en la boca, ahí es nada… martillazos en la boca. Fue el caso de José Luis Geresta, oficialmente suicidado, y públicamente notorio y muy divulgado en diferentes medios nada sospechosos de “entornismo”, torturado y asesinado. Y ello en marzo de 1999, durante el mandato de Aznar y con Mayor Oreja en el Ministerio de Interior. No fueron sólo periodistas los que pusieron en duda la versión del suicidio, José Barrionuevo, 8 meses después de los hechos, incidía en las contradicciones de la versión oficiosa desde las páginas de El País:


“Marzo de 1999. El etarra Luis Geresta aparece muerto, en las afueras de Rentería, con un tiro en la sien derecha. La pistola que lo ha disparado, y que no es suya, está en el lado izquierdo. Su mano está en el bolsillo del pantalón. Ya muerto le han arrancado dos muelas y le han serrado otra. Suicidio legal.

Lo que no está tan claro aparte de lo de “el etarra” es lo de que le sacaran las muelas después de muerto. Esto lo declaraba un militar, ex-director de la Guardia Civil para más señas, en entrevista publicada en La Razón el 19 de noviembre de 2001:

Al preguntársele si en el actual gobierno persisten los métodos de guerra sucia, Sáenz de Santa María respondió: “La hay también. Supongo que sí. Los comandos no se entregan solos. Incluso ha aparecido algún muerto con un diente extraído a martillazos (el citado José Luis Geresta). Después de morir no se pegan martillazos en la boca. No lo digo como crítica […] Está bien el estado de derecho, pero no se puede llevar hasta sus últimas consecuencias, porque quedaríamos en manos de los terroristas” [….]A la pregunta de si mediante la guerra sucia se puede acabar con ETA, respondió que esta táctica “no se puede fomentar, pero es necesaria. Con la sola aplicación del derecho no se consigue la declaración del detenido“.            

 La guerra es la paz

El quid de la cuestión lo enunciaba ayer Jose María Chacón en el diario digital más crítico de entre los jeltzales, aunque como veremos la crítica a la casa propia tiene un límite:

 

El caso es que Joxe Arregi fue asesinado. Tan asesinado como Melitón Manzanas. Por tanto, Arregi es una víctima de la violencia política. Y, por ello, lo que han hecho los partidos de Zizurkil ha sido retirar de una calle el nombre de una víctima de la violencia. 

El problema lo exponía, con cruda claridad, una tertuliana de Radio Euskadi: la cuestión estriba en que, “independientemente de que fuera asesinado o no”, Arregi era un miembro de ETA, y a un miembro de ETA no se le puede dedicar una calle.

 

Lo que me tiene que explicar esa tertuliana, y con ella el PP y el PSOE, y ya de paso también los partidos abertzales (con abertzale se refiere al PNV) que votaron a favor en Zizurkil, es por qué cuando la víctima de la violencia muere a manos de ETA su victimización es absoluta y su cualificación como víctima ha de anteponerse a cualquier otra calificación de esa persona, y sin embargo cuando la víctima muere a manos del GAL, o el Batallón Vasco Español o la Guardia Civil, lo que se antepone a todo es su presunta pertenencia a ETA o su relación con su “entorno”, como en los casos de Brouard o Muguruza, dejando el hecho de que fueron asesinados en un muy oscuro segundo término. Tan oscuro, que tanto el PP como el PSOE tienen como uno de los pilares de su estrategia política el más estricto negacionismo de cualquier caso de violencia desde el lado español.
[….]
¿Qué mensaje están lanzando a nuestros hijos los políticos con sus decisiones, más allá de todas las campañas educativas que quieran llevar a cabo? Que no todos los asesinatos son condenables. Que hay asesinatos inhumanos y brutales, pero que otros son aceptables. Y que el elemento de juicio para distinguir entre asesinatos justos o injustos es si la víctima y el victimario era de “los nuestros” o de “los otros”, de los buenos o de los malos.
 

 

 

 

 

 O sin perjuicio en el significado: amigos o enemigos, dos bandos y una guerra, como lo calificó el ex-director de la Guardia Civil y jubilado teniente-general del Ejército español José Antonio Saénz de Santamaría, en la misma entrevista mencionada anteriormente:

“Yo la llamo irregular, porque no conozco ninguna guerra limpia. Por eso, prefiero hablar de guerra regular o irregular.” – La Razón, 19/11/2001.

Sin paños calientes: una guerra desde los poderes del estado, que lo mismo utiliza injustamente la ley, que la tortura y el asesinato. No nos valen aquí comparaciones imposibles y demagógicas como la que establece Jose María Chacón finalizando su artículo:

“¿Cómo vamos a alcanzar un acuerdo que haga posible una convivencia normalizada si cada bando sólo reconoce como víctimas a las propias y ensalza como héroes a los que asesinan en su nombre?”

En primer término no hay dos bandos que solo reconozcan como víctimas a las suyas, puesto que la Izquierda Abertzale considera víctimas del conflicto a todas ellas, y en segundo lugar el señor Chacón habla como si su partido, el PNV, no tuviera nada que ver en la baina, se pregunta en párrafos anteriores qué pintan ahí los abertzales, refiriendose con ello al PNV que ha sido el que ha presentado la propuesta de cambiar de nombre a las calles (solo al PNV, pues Aralar rompió la coalición con EB por este motivo y se posicionó en contra) como si no fuera públicamente notorio que el PNV está haciendo todo lo que sea por llegar a acuerdos con el PSOE, como si nos hubieramos caído ahora de un guindo y no supiesemos que acude a homenajes a las víctimas del terrorismo entre las que solo se incluyen como tales a las víctimas de ETA y entre ellas a torturadores fascistas ejecutados durante la dictadura, como si lo del tiranicidio fuera algo reprochable y las víctimas de la guerra sucia del estado no fueran víctimas del terrorismo, incluyendo civiles que nada tenían que ver con ETA, por cierto.

Ahora el terrorismo de estado se hace mediante tribunales; caso del 18/98, Egunkaria etc, o a la vieja usanza, como le gustaba al ex-director de la Guardia Civil; Portu y Sarasola, y ahí está el PNV, para pactar con el partido en el gobierno. Pero la guerra es la paz y aquí paz y despues gloria, es lo que nos vende “el Partido” y su TV pública privada. Parafraseando a Chacón: una de buenos y malos, pretendiendo desmemoriarnos una vez más, eliminando los nombres de las calles de un “suicidado legalmente” (Barrionuevo dixit) y un torturado hasta la muerte en manos de la policía. Ellos son los malos, y sus asesinos, a los que hora protejen, hora indultan, hora ascienden de rango los mismos partidos con quienes pacta el PNV, los buenos.

Porque aquí y ahora, igual que en la novela de Orwell, la ignorancia es la fuerza es el lema fundamental de “el Partido”. Igual que en cualquier fascismo, mantener al pueblo ignorante y allanar el camino para hacer todo lo que se quiera son una y la misma cosa.

Lo sentimos mucho señores (lo de señores es un decir), pero esta vez no cuela.

Joxe Arregi y José Luis Geresta, siempre en la memoria.

 Extraido de World in conflict

“13 de febrero de 1981. La trágica muerte de Joxe Arregi Izagirre sacudió violentamente a la sociedad vasca.El vecino de Zizurkil había sido detenido el 4 de febrero junto a Isidro Etxabe. Miembros de la Brigada Regional de Seguridad Ciudadana les abordaron en una céntrica calle de Madrid para llevarlos después a la Dirección General de Seguridad de la Policía. Allí permanecieron, incomunicados bajo la Ley Antiterrorista, nueve días.

La víspera de su muerte, Joxe Arregi fue trasladado al Hospital Penitenciario de Carabanchel. Según el parte médico ingresó con «hematomas periorbitales con derrame conjuntival en ojo derecho, diversos hematomas en hombro derecho, caras internas de ambos brazos y piernas, grandes hematomas en ambos glúteos, heridas por quemaduras de segundo grado en plantas de ambos pies». Presentaba «estado estuporoso del que se recuperaba paulatinamente, disnea intensa y dolor abdominal difuso sin signos de abdomen agudo». Las radiografías confirmaron, además, «un pulmón relativamente encharcado».

Este era el cuadro oficial. Pero aún iba a saberse más.

Tres presos políticos ingresados en el Hospital Penitenciario de Carabanchel presenciaron la llegada de Joxe Arregi al centro y compartieron con él sus últimas horas.

El militante de ETA (pm) Iñaki Agirre, Xose Lois Fernández González, de los GRAPO, y Lois Alonso Riveiro, del PCE (r), ofrecieron su relato a través de una nota que hicieron llegar al exterior arrojándola por una ventana.

Encontraron a Arregi sentado en su celda, «aplastado físicamente». Con un fuerte temblor en todo el cuerpo y casi sin fuerzas para respirar, consiguió darles algunos datos y pudieron identificarle.

«¡Tengo mucha sed!», repetía con insistencia. Al observar que tenía los párpados totalmente amoratados, un enorme derrame en el ojo derecho y las manos hinchadas, le preguntaron por su paso por comisaría. «Oso latza izan da» (Ha sido muy duro), contestó. «Me colgaron en la barra varias veces dándome golpes en los pies, llegando a quemármelos no sé con qué; saltaron encima de mi pecho ­siguió , los porrazos, puñetazos y patadas fueron en todas partes», les relató.

Le ayudaron a desvestirse y al hacerlo descubrieron su cuerpo cubierto por grandes hematomas. La superficie de sus pies hinchados mostraba también hematomas ennegrecidos, visibles quemaduras y ulceraciones.

Cada vez respiraba con mayor dificultad y manifestaba un continuo tembleque. «He sufrido en la DGS varios ataques epilépticos y esto nunca me había ocurrido», les explicó Arregi.

A la mañana siguiente su estado había empeorado. «Nik uste diat hiltzekotan nagoela» (Creo que me muero) balbuceó. Había pasado la noche en vela, con continua diarrea; sin embargo, no había orinado, pese a que había ingerido mucho líquido.

A la vista de su estado, el director médico decidió su traslado a un centro extrapenitenciario. No llegó a salir del Hospital de Carabanchel.

A este escalofriante testimonio se sumaron catorce diapositivas que, días después, recibieron de forma anónima distintas organizaciones. En las fotografías se apreciaba claramente el cuerpo torturado de Joxe Arregi.

73 policías participaron en los interrogatorios a Joxe Arregi Izagirre, según la Comisión de Derechos Humanos de Madrid. Sólo dos fueron encausados y ambos fueron absueltos. El fallo fue recurrido y en octubre de 1989 se conoció la sentencia definitiva que condenaba a los dos policías a siete meses de prisión, pero la sombra de las condecoraciones, ascensos, etc…, aún es muy alargada.”

 

 

 

El manual del terrorista detenido.

El informe forense reconoce que José Arregui fue torturado


Prestan declaración ante el juez los cinco policías responsables del interrogatorio del supuesto miembro de ETAm

El titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid, José Antonio de la Campa, dio a conocer parcialmente, a primera hora de la tarde de ayer, el informe del forense sobre la autopsia practicada a Arregui. En ella se ratifica la existencia de torturas en el cuerpo, «violencias físicas», según el texto, y se añade que la causa de la muerte fue «un fallo respiratorio originado por proceso bronconeumónico con intenso edema pulmonar». El mismo juez tomó declaración a lo largo de la tarde a los cinco funcionarios del Cuerpo Superior de Policía, adscritos a la Brigada Regional de Información, que participaron directamente en los interrogatorios del presunto militante de ETA Militar José Ignacio Arregui, fallecido el pasado viernes.

Los cinco policías, según fuentes próximas al Ministerio del Interior, fueron trasladados en la tarde de ayer a las dependencias del Juzgado de Instrucción número 13, donde se inició el interrogatorio. La Dirección General de la Policía ha puesto un abogado a disposición de los cinco inspectores de policía retenidos (Juan Luis Méndez Moreno, Juan Antonio Gil Rubiales, Julián Marín Ríos, Ricardo Sánchez y Juan Antonio González), que desde el sábado se encontraban en las dependencias de la Dirección de la Seguridad del Estado. El juez De la Campa inició los interrogatorios de forma individual.A primera hora de la tarde, el titular del Juzgado de Instrucción número 13 dio a conocer el informe del forense sobre la autopsia. El informe ratifica la existencia de violencia física en el cuerpo de Arregui y cita como causa de la muerte «un fallo respiratorio originado por un proceso bronconeumónico».

El texto, que incluye unos párrafos que no han sido dados a conocer públicamente, aporta las siguientes conclusiones:

«1. La causa de la muerte ha sido un fallo respiratorio originado por proceso bronconeumónico con intenso edema pulmonar bilateral y derrame de ambas cavidades pleurales y pericardio.

2. Los hematomas superficiales, las erosiones y esquimosis demuestran violencias físicas sin relación etiopatogénica con el proceso bronconeumónico.

3. Las quemaduras en ambos pies no son recientes, pero tampoco antiguas, ya que todavía están en fase de reepitalización grave y han sido sometidas a tratamiento tópico.

4. Hay punturas de actuación terapéutica intramuscular e intravenosa».

Añade el informe que «para completar y objetivar los datos descritos se han solicitado estudios tóxicológicos anatomapotológicos y se han realizado fotografías, antes y después de la apertura de las cavidades».

Precisamente fuentes médicas consultadas por EL PAIS señalaron que no se puede especificar claramente que una bronconeumonía originada por bacterias se produzca en base a lesiones físicas, aunque reconocieron que podría darse hipotéticamente este caso en un paciente. Otras fuentes médicas explicaron que la bronconeumonía es mucho más fácil padecerla cuando el cuerpo del paciente se encuentra debilitado.

Por su parte, Santiago Brouard, presidente de HASI, principal fuerza política de Herri Batasuna, y médico de profesión, reunió ayer a los periodistas en Bilbao para exponerle su punto de vista sobre la muerte de Arregui. Brouard señaló que la bronconeumonía constatada por la autopsia en el cuerpo del fallecido estaba causada por la práctica de la tortura conocida como la bañera, que consiste en introducirle la cabeza a una persona en un recipiente con agua sucia, impidiéndole respirar durante minutos. En opinión del dirigente de Herri Batasuna, el torturado se ve obligado a tragar el líquido que penetra con todos sus gérmenes en los pulmones, produciendo la bronconeumonía.

Ambiente de tensión

Aunque el ministro del Interior, Juan José Rosón, manifestó que no existen enfrentamientos entre él y el titular de Justicia, Fernández Ordóñez, por el caso Arregui, ayer se detectaba cierto ambiente de tensión entre ambos departamentos. Fuentes del Ministerio del Interior negaron a este periódico la existencia de diferencias entre uno y otro ministro, y añadieron que por lo que respecta a Rosón ya ha llegado a su límite en la vía administrativa. «El ministerio espera las decisiones de la justicia y está dispuesto a colaborar en lo que se le solicite», añadió.

No obstante, en círculos policiales había ayer interés en saber a qué tratamiento médico había sido sometido Arregui durante su estancia en el hospital de Carabanchel. Un portavoz del Ministerio de Justicia leyó a EL PAIS un informe sobre la asistencia médica a José Arregui desde su ingreso en el Hospital Penitenciario hasta su muerte. Según la narración, «el recluso entró a las 17.30 horas del día 12 en el Hospital General Penitenciario. Como resultado de un primer parte médico, elaborado por el responsable sanitario de guardia, se le aplicaron seis antibióticos y se le diagnosticó una dieta absolutamente-líquida».

«A las diez de la noche», indica el citado portavoz, «volvió a ser visitado por el médico de guardia, hecho que se repitió a las 2.30 horas del día siguiente. En esta última visita, el médico le prescribió dos nuevos medicamentos (contra el dolor, antiinflamatorio y estimulante respiratorio)».

Siguiendo la narración, «a las siete de la mañana le visita de nuevo el médico y le vuelve a diagnosticar algunos medicamentos. Como empeoró su estado le extendió volantes para radiografías (tórax y abdomen) y análisis de orina y sangre, segundo que realizaba desde su ingreso el día anterior. A las diez de la mañana se le hace una exploración oftalmológica y se analizan las radiografías que se le hizo anteriormente, comprobándose el proceso de bronconeumonía bilateral. El médico solicitó la colaboración diagnóstica del especialista encargado de corazón y fisiología y, a mediodía, ante la gravedad de su estado, se dispuso al traslado urgente a la Ciudad Sanitaria Provincial. En el vestíbulo del hospital penitenciario se le practicó un masaje cardíaco, que resultó vano, porque ya había fallecido ».

El portavoz añadió que no existe ninguna duda sobre el personal médico del Hospital Penitenciario de Carabanchel, porque está integrado por profesionales «de enorme experiencia, algunos de ellos números uno de sus promociones».

Por otra parte, el diario Egin publicó el pasado domingo una información elaborada por tres presos internados en el Hospital de Carabanchel, Iñaki Aguirre (ETApm), José Luis Fernández (GRAPO), y Luis Alonso Rivero (PCEr), en la que dan a conocer su versión sobre la llegada y estancia de Arregui a la prisión-hospital, y anuncian que pudieron hablar con él.

Concretamente indican en la citada información, que fue publicada íntegra en la primera página del citado periódico, que lo encontraron sentado en uno de los cinco colchones existentes en la celda 23 de la planta alta del citado hospital. Según este testimonio, «al verle los párpados totalmente amoratados y un gran derrame en el ojo derecho, así como las manos hinchadas, le preguntamos el tipo de tortura que había sufrido y respondió: Oso Latza izan da (ha sido muy duro). Me colgaron en la barra varias veces dándome golpes en los pies, llegando a quemármelos no sé con qué; saltaron encima de mi pecho; los porrazos, puñetazos y patadas fueron en todas partes ».

Presos en huelga de hambre

Un total de 114 reclusos de la prisión de Carabanchel se encuentran en huelga de hambre, en protesta por la muerte de José Arregui. La mayoría de los presos que han adoptado esta actitud, 89, pertenecen a ETA Militar, aunque les acompañan diecinueve de ETApm y seis miembros de los GRAPO.

Por otra parte, Isidro Etxabe, el presunto etarra que fue detenido con José Arregui el pasado día 4, ha sido ingresado en el Hospital Penitenciario de Carabanchel, donde probablemente hoy será intervenido para extraerle una bala que tiene alojada en el hombro izquierdo desde el día de su detención.

 

Polémica Ballesteros-USP

El comisario general de Información, Manuel Ballesteros, y la Unión Sindical de Policía (USP) han iniciado una polémica de acusaciones mutuas a raíz del comunicado difundido por el sindicato policial en el que solicitaba la dimisión de Ballesteros a raíz de la muerte de José Arregui.

Manuel Ballesteros manifestó ayer a Efe que «la Unión Sindical de Policías es un grupo minúsculo y sectario que no tiene la menor autoridad moral y profesional para pedir mi cese. El bagaje de este sindicato es tan pobre y negativo que no puede afectar en lo más mínimo a mi dignidad como persona y como policía».

En respuesta a este pronunciamiento, la Unión Sindical de Policía difundió anoche un comunicado en el que señala: «La USP no precisa acudir a términos injuriosos para descalificar al señor Ballesteros. La USP no es sectaria porque está abierta a todos los profesionales demócratas de la policía, lo que no es el caso del señor Ballesteros ».

NOTICIA

Manual del torturador.

  • — El detenido es un individuo cuyo único interés es dañar la honorable imagen de la policía. Es capaz de inverntarse una confesión que le arruina la vida en la cárcel, con tal de dedir luego al juez que se la hicieron firmar la policía, bajo tortura , por la fuerza
  • — No se olviden que el honorable policía está cuidando de la seguridad de ustedes. El que dice habar sido torturado es alguien cuya intención es dañar la imagen de un buen hombre, servidor de la democracia y el estado de derecho.
  • — El detenido miente por sistema. Miente y no hay que creerle, todo lo que dice es mentira, todo menos la declaración expontánea y siempre voluntaria autoinculpatoria que realiza ante el honreado interrogador. Esa es verdad, en ese caso el detenido dice la verdad, en todos las otras situaciones miente, no lo duden.
  • — El detenido es tan agresivo, que aún rodeado y desnudo se abalanza con su ojo para golpear con él la mano del sorprendido y confiadopolicía a la primera de cambio. Suele además golpear con su costilla el pie del policía para intentar dañarle. Tiene una tendencia patológica a lanzarse por las escaleras, por las ventanas, y ríos y agredir con su cabeza a los muros para producir destrozos en el hormigon.
  • — La Policía precisa de cámaras para grabar manifestaciones y lugares públicos, no precisa cámaras dentro de la comisaría, porque es el lugar más seguro y vigilado del mundo. ¿No somos acaso policías? Pues fíjese lo segura que es la dependencia policial.
  • — Los maleantes entran en comisaría con el propósito de ensuciar la imagen de la Policía. La prueba está en que aunque el detenido tiene derecho a no declarar ante la policía y hacerlo únicamente ante el juez, siemrpe declara en comisaría renunciando a ese derecho, incriminñandose sólamente para luego decir al juez que le hemos obligado a firmar a la fuerza.
  • –Algunos compañeros, llevados por un exceso de celo en el cumplimiento de su deber, caen en las provocaciones contantes del detenido/maleante, y pueden haberse “Excedido en la aplicación de sus funciones” (no se dice tortura, pues eso es beneficiar a los enemigos del estado de derecho y usar su lenguaje), pero son casos aislados, que serán, no lo duden, castigados por la implacable Justicia que gozamos.
  • –La prueba de que son “casos aislados”, por ejemplo; ¿Qué tiene que ver el caso Arregi con el caso Zabalza”. Pues nada, uno se llamaba Jose, y otro Miguel, casos aislados el uno del otro (¿qué mejor prueba de su integración en banda armada que el hecho de que ellos se llamaran a sí mismos, como Joxe y Mikel?). Uno se produce en una fecha, y otro en otra fecha,, Además ¿Acaso fue el mismo policía el que se “excedió en su celo” en ambos casos, No, pues son casos aislados.
  • — Las organizaciones que aparentemente se interesan en escuchar, e investigar a esos mentirosos compulsivos, no son en ralidad gente que se interese por las personas, por los derechos, por la dignidad, o por el buen funcionamiento de la sociedad, a la contra, son organizaciones que en realidad persiguen el descrédito de esta honorable institución policial. Que no lo olviden, vela por la seguridad de ustedes día y noche.

El ex general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo salió de la cárcel de Ocaña II, en Toledo, el 1 de octubre de 2006, tras pasar sólo cinco años en prisión a pesar de que fue condenado a 75 por su participación en el secuestro y asesinato de los etarras Lasa y Zabala en 1983. Instituciones Penitenciarias había decidido el 29 de septiembre excarcelarle alegando problemas de salud, para que cumpliera el resto de pena en libertad vigilada.

Condecoraciones

  • Cruz de Oro de la Orden del Mérito de la Guardia Civil.
  • Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil.
  • Encomienda de la Orden del Mérito Civil.
  • Cruz de Plata de la Orden del Mérito de la Guardia Civil (dos veces).
  • Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil con distintivo rojo (cuatro veces).
  • Placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
  • Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
  • Cruz de la Orden del Mérito Militar con distintivo blanco de primera clase (dos veces).
  • Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco (tres veces).
  • Cruz de la Orden del Mérito Militar con distintivo blanco de primera clase (dos veces).
  • Medalla de Plata al Mérito Policial.
  • Medalla al Mérito Policial con distintivo blanco.
  • Medalla al Mérito de Protección Civil.

“los torturadores son convenientemente castigados por la Justicia como corresponde a un Estado de Derecho” 

 El Comisario Provincial de Sta. Cruz de Tenerife, Juan Antonio Gil Rubiales, manifestó a los medios de comunicación de las Islas que la policía ha dejado de ser represora y añadió que la represión se utiliza contra los que no respetan los valores democráticos. La tenebrosa biografía de quien afirma esto incluye una condena por torturas que condujeron a la muerte de un detenido.

 

 

En unas sonadas declaraciones a los medios de comunicación del Archipiélago canario, el Comisario Provincial de Santa cruz de Tenerife, Antonio Gil Rubiales, declaró que la policía se ha adaptado para dejar de ser represora. El jefe de la policía tinerfeña aseguró con aparente convicción, que la represión quedó hace tiempo atrás y que ahora la policía es un engranaje más de la sociedad democrática. Por si todavía estas afirmaciones pudieran suscitar alguna duda acerca de su vocación democrática, el Comisario Provincial trató de ilustrar aun más la profundidad de sus ideas liberales afirmando que en su opinión, la labor preventiva para evitar que se cometan hechos delictivos es fundamental, aunque -matizó el policía- la represiva también es necesaria por cuanto se aplica a quienes violan la ley y no respetan los valores democráticos y constitucionales. Finalmente, el Sr. Gil Rubiales terminó lamentándose del hecho de que todavía existan sectores de ciudadanos que ven con desconfianza a los agentes de la policía. Si las declaraciones del Comisario no chocaran frontalmente con la brutal realidad que domina hoy en muchas dependencias policiales del Estado español y con su propia biografía, hasta podría pensarse que sus afirmaciones las había pronunciado un libérrimo funcionario ingenuo, pero con vocación de cumplir correcta y profesionalmente con sus deberes.

Y es que en la España de nuestros días son muy pocos los políticos y los altos funcionarios que están dispuestos a cargar con el fardo de su propia historia. Existe el propósito deliberado de que nuestra sociedad se vea sumida en una suerte de amnesia colectiva. Sucede, además, que la desmemoria retrospectiva va acortando vertiginosamente los plazos. No solo se nos induce a olvidar lo que sucedió hace 60 ó 40 años. En la actualidad, una suerte de alzheimer borra sistemáticamente los sucesos mediatos. Nuestros medios de comunicación han perdido la dimensión de la historia. No se trata, desde luego, de un hecho casual. Responde a objetivos muy bien definidos. En la medida en que se logre que carezcamos de memoria, se anula nuestra capacidad para enjuiciar los acontecimientos o a las personas.

Es por ello por lo que pensamos que seria útil hacer aquí un ejercicio de memoria y darle hacia atrás a la moviola del tiempo. Fundamentalmente por tres razones. Una, para que nadie se llame a engaño. Dos, porque hacer una valoración de la biografía de este funcionario y presunto demócrata y las circunstancias históricas que han acompañado su trayectoria profesional, puede ser una ilustrativa lección acerca de la España de los últimos 30 años. Y, finalmente, porque recuperar el recuerdo del tiempo presente -es decir, del conjunto de sucesos y personajes coetáneos con nuestras propias vivencias- nos salvaguarda del engaño y de la falsificación. No es una casualidad que los dos partidos políticos hegemónicos no estén interesados en que la sociedad recobre su enlace con el pasado. Uno reclama que este sea, simplemente, borrado. El otro, que la recuperación quede sujeta a los aspectos más formales.

¿Quién es, pues, el hoy comisario Juan Antonio Gil Rubiales? ¿Cuáles son las credenciales biográficas de este servidor del Estado que tan valientemente se ha pronunciado por los valores democráticos y el respeto a las exigencias del Estado de Derecho?

El crimen

Cuando el día 13 de Febrero de 1981, José Arregui Izaguirre fue conducido a la prisión de Carabanchel, después de permanecer 9 días en los locales de la Dirección General de la policía en Puerta del Sol, su estado era tal que, posiblemente, lo menos que le preocupaba en aquellos instantes era recordar los rostros de los torturadores que con tanta crueldad lo habían dejado en aquel estado. Su aspecto, según los que tuvieron oportunidad de verlo a su llegada a la Prisión, era lastimoso. Una enorme mancha compuesta por cardenales, llagas descarnadas y quemaduras ocupaba todo su cuerpo. La apariencia lamentable que presentaba alarmó de tal manera a la Dirección de la prisión que para liberarse de responsabilidades, ordenó el inmediato traslado del detenido a la sección hospitalaria de la misma. Según el relato de un preso político que acompañó junto a su cama al torturado, un funcionario que prestaba servicio como practicante intentó aliviar con sedantes los intensos dolores del recién ingresado. El sanitario, desconcertado por la gran profusión de moretones que cubrían el cuerpo de Arregui exclamó con gesto de impotencia: ‘¡Yo aquí no tengo lugar por donde pinchar!’ El estado de José Arregui fue agravándose progresivamente hasta que por fin, el día 13, fue enviado urgentemente a la ciudad sanitaria provincial, donde ya ingresó cadáver (1).

Tres presos políticos que se encontraban por aquellos días recluidos también en el hospital de la prisión, conmocionados por el aspecto de Joseba Arregui, se atrevieron a preguntarle por el tipo de tortura que había sufrido. Arregui, balbuceando, musitó: Ha sido muy duro. Me colgaron en la barra varias veces dándome golpes en los pies, llegando a quemármelos no sé con qué… Saltaron encima de mi pecho; los porrazos, puñetazos y patadas fueron por todas partes.

José Ignacio Arregui Izaguirre era un fornido camionero vasco, de treinta años de edad, que había sido detenido por la policía española a principios del mes de febrero de 1981. Según el ministro del Interior de entonces se trataba de un presunto miembro de la organización armada Euskadi ta Askatasuna (ETA). Si en realidad José Ignacio Arregui era o no miembro de ETA, no lo sabemos, porque nunca tuvo la oportunidad de defenderse ni de comparecer ante ningún tribunal.

Según un comisario de policía, que oculta su nombre tras el seudónimo de Daniel Abad, autor de un peculiar libro de memorias que tituló Yo maté a un etarra, Arregui Izaguirre había sido tratado por la policía de entonces como una presa cotizada, tras la cual se escondía el celo supuestamente profesional de gente sin escrúpulos. Los policías -escribió el polémico comisario en sus memorias- se comportaron en aquella ocasión como una genuina manada de lobos rivalizando por un trofeo. Finalmente concluyeron su disputa descuartizando a su víctima.

Joseba Arregui murió a las pocas horas de haber ingresado en el hospital penitenciario. Su asesinato desencadenó una ola de protestas dentro y fuera de España. Multitudinarias manifestaciones y huelgas generales se multiplicaron a lo largo y a lo ancho de todo el Estado, particularmente en Euskadi. El asesinato de Arregui sirvió para poner al descubierto que en el aparato represivo del Estado español nada había cambiado después de los seis años transcurridos desde la muerte del dictador.

El torturador

Uno de los rostros que Joseba Arregui no quiso recordar aquella fría mañana del viernes trece de febrero, mientras maltrecho y con el cuerpo destrozado era trasladado a la prisión de Carabanchel, correspondía al de Juan Antonio Gil Rubiales. El joven inspector de la brigada político social Gil Rubiales había ingresado en el Cuerpo en el turbulento año de 1971. Diez años después, Gil Rubiales no era ya un policía cualquiera. Pertenecía a la conocida Brigada Central de Información, una sección de élite, en la que los neodemócratas del franquismo, los ministros Martín Villa y Rosón, habían agrupado a lo más florido de la antigua brigada político social. La Brigada Central estaba encabezada por el temido comisario Ballesteros. Manuel Ballesteros, jefe de Rubiales, era un celebérrimo policía conocido en las filas del antifranquismo por los expeditivos métodos que utilizaba con todos aquellos que tenían la desgracia de caer en sus manos. Antonio Palomares, por ejemplo, dirigente comunista valenciano y enlace entre el Comité central del PCE y su organización en Canarias, fue personal y salvajemente torturado por este sujeto en la década de los sesenta. Quedan todavía abundantes testimonios de sus torturas practicadas en las comisarías de Valencia Galicia y Euskadi, donde su paso dejó huellas. Junto con el histórico comisario Conesa, Manuel Ballesteros forma parte de esa memoria aún no desvelada de la represión franquista de las dos últimas décadas de la dictadura. Otro de los personajes con los que el actual comisario provincial de Santa Cruz de Tenerife compartió profesión y persecuciones en aquella siniestra Brigada Central de Información, fue el famoso policía Billy el niño, con un largo historial de sadismo y de sofisticación en la práctica de la tortura. Su fama como torturador ha sido tal que en uno de los últimos capítulos de la serie Cuéntame aparece como un personaje representativo de la represión de la época. Billy el Niño formó parte, también, de la jauría inhumana que aquel mes de febrero del 81 se disputó en los interrogatorios el cuerpo de Joseba Arregui. Como puede constatarse el elenco de amistades peligrosas que acompañaba al Gil Rubiales de aquella época era todo un paradigma de buen hacer policial (2).

Una ‘brillante’ carrera policial

A finales de los setenta Juan Antonio Gil Rubiales había ganado ya no pocos méritos en su lucha contra los enemigos de la Patria. Entonces era fácil entender a quienes se bautizaba con ese tipo de calificativos. Se trataba, generalmente, de jóvenes obreros y estudiantes adscritos a la clandestinidad de las organizaciones de la izquierda comunista. Y Juan Antonio Gil, a juzgar por los méritos que ya en aquel año colmaban su cargada hoja de servicios, se empleó a fondo en combatirlos.

Pero después de las primeras elecciones del 77 las cosas en el Estado Español empezaron a cambiar, aunque el objetivo final de esos cambios fuera, justamente, que nada cambiara. Los enemigos a combatir también empezaron a ser otros. Se habían firmado los Pactos de la Moncloa y los partidos más connotados de la izquierda incorporaron a la monarquía heredada del franquismo al glosario de las cosas que ahora había que defender. Fue esa la época en la que paradójicamente, la policía política de la dictadura se esmeraba en explicar a quienes querían escucharlos -y en las esferas oficiales no eran pocos- que ellos en realidad eran apolíticos, y que su papel consistía exclusivamente en defender los intereses del Estado, como si estos nada tuvieran que ver con el estado de los intereses.

Tensiones en el curso de la transacción ‘democrática’

De acuerdo con la nueva orientación de los vientos que empezaban a soplar en la España monárquica y democrática recién inaugurada, al inspector Gil Rubiales parecía esperarle todo un carrerón. Y posiblemente hubiera sido así si la muerte no suscitara tanta indiscreción, sobre todo cuando está acompañada por la aplicación brutal y cobarde de la tortura. Seguramente, de haber sucedido las cosas de otra manera, Juan Antonio Gil no hubiera tenido que esperar tantos años para ver coronada su carrera con el flamante nombramiento de Comisario Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Pero la muerte de Joseba Arregui había sido un autentico escándalo. Las fotos de su cuerpo destrozado recorrieron las redacciones de la prensa nacional y extranjera. Ya no se podía enmascarar con tanta facilidad como en el pasado las muertes fortuitas acaecidas en las dependencias policiales. Ya no resultaba tampoco creíble, si alguna vez lo fue, anunciar con impunidad en los medios de comunicación aquello de que según informa la Dirección General de Seguridad el detenido, en un descuido de los funcionarios que le custodiaban, se arrojó desde uno de los balcones de la comisaría, perdiendo la vida.

Los ministros, algunas jerarquías eclesiásticas, los directores de periódicos y la oposición domesticada tomaron distancias de la responsabilidad del crimen. Fingieron sentirse horrorizados por lo que, de una forma o de otra, fuera y dentro de las comisarías, había sucedido en más de cien ocasiones desde la muerte del dictador. El País, -portavoz de los sectores de la burguesía española que apuraban la incorporación de España al tren europeo-, estremecido ante la posibilidad de que casos como este acabaran haciendo malograr el modelo de transición que con tanto esmero el periódico estaba apadrinando, llegó a solicitar la cabeza del ministro del interior. De confirmarse que la muerte de José Arregui, -decía una editorial del periódico por aquellas fechas- cuyo cuerpo agonizante fue entregado por el Ministerio del Interior al Ministerio de Justicia, se ha producido como consecuencia de torturas o de tratos inhumanos comportamientos penados, por lo demás, en el artículo 204 bis del Código Penal-, nos encontraríamos ante un delito cuya responsabilidad puede afectar al propio titular del Ministerio del Interior y otros altos cargos del departamento, en el caso de que los presuntos culpables no sean detenidos y puestos a disposición del juez.

Gil Rubiales fue detenido. No había actuado solo, pero él era el principal responsable de la degollina que se había producido con la víctima. Su detención y la de otros compañeros suyos, desplegó un imponente movimiento de solidaridad en la vieja estructura policial franquista. El ultraderechista comisario Ballesteros presentó su dimisión, que fue acompañada por la de todos los altos mandos que tenían entre sus funciones la represión política.

El asesinato de Arregui se había producido, en efecto, en el centro mismo del vórtice que enfrentaba a las dos fracciones del poder político del antiguo aparato del Estado. Una de ellas deseaba mantener intacto el edificio de la dictadura. La otra estaba por su maquillaje, pero garantizando la intangibilidad de los poderes económicos y el control del Estado a través de la figura del monarca. Días después de la muerte de Arregui esa confrontación se materializó en el golpe del 23 F. En aquel efímero y todavía enigmático duelo vencieron los partidarios de hacer un lifting al grotesco rostro del aparato del Estado franquista. Pero aquellos días de finales de febrero del 81, marcaron también con mucha claridad los limites de hasta donde estaba dispuesto el poder real -y, también, el Real- a que llegara el proceso democratizador que la sociedad española estaba reclamando. Los tanques que se pasearon por unas horas por las calles de Valencia terminaron por poner en posición de firmes a una dirigencia de izquierdas que ya había pactado cuál iba a ser el modelo de democracia que se impondría en el país. El escenario después de aquellos acontecimientos no pudo ser más desolador. Salvo contadas excepciones, la izquierda, -es decir, el conjunto de fuerzas políticas y sociales con voluntad realmente transformadora- fue barrida de la faz del Estado español.

Bajo el amparo de la democracia ‘consolidada’

Políticamente, los veintiséis años que siguieron a aquel 23 de febrero han sido una secuela del mismo acontecimiento. En las comisarías continuó torturándose a los enemigos políticos, y el crimen de estado tomó carta de naturaleza bajo los gobiernos de Felipe González. El Estado de derecho también se defiende en las cloacas, acuñó al respecto el dirigente socialdemócrata. Ahora la práctica del crimen de estado era asumida por un gobierno que había sido elegido, justamente, para que la aboliera. Por esas rocambolescas paradojas que se dan en la historia, iba a ser un gabinete presuntamente socialista el que con más eficacia defendiera los intereses de las enormes fortunas que se acumularon en complicidad con la dictadura. La gran Banca se apropió del país, y el Estado fue privatizado.

La vida de Juan Antonio Gil Rubiales no cambió excesivamente a lo largo de la década de los ochenta. El hecho de estar procesado por el caso Arregui, no le afectó especialmente en su vida profesional. En el año 1985, pese a sus antecedentes -o quizás precisamente por ellos- fue destinado a un punto socialmente convulso de la geografía peninsular, la comisaría de Pamplona. Allí inauguró su nuevo destino propinando palizas con cadenas a quienes manifestaban su protesta por la sospechosa muerte de Mikel Zabalza (3). Junto con otros inspectores de policía de aquella comisaría, recorría las calles de la ciudad, metiéndose en los portales y arrastrando a golpes hacia la calle a aquellos que intentaban protegerse en los mismos. El hecho tuvo un amplísimo eco en la comunidad Navarra, y la Delegación del Gobierno, que entonces ostentaba el conocido delincuente Luis Roldán, sofocó el escándalo con una leve sanción a sus protagonistas (4).

Durante aquella década, Gil Rubiales fue juzgado y absuelto por la Audiencia Provincial de Madrid en dos ocasiones por su implicación en el caso de las torturas a Joseba Arregui. Pero el Tribunal Supremo sensible, sin duda, al escándalo que provocaron tales absoluciones, anuló las sentencias, y lo condenó a la ínfima pena de tres meses de arresto y dos años de suspensión de empleo y sueldo. En una de esas irónicas paradojas de la Justicia, la sentencia del Tribunal Supremo reconocía la gravedad de las torturas infligidas en comisaría a José Arregui, pero no entraba a juzgar la relación existente entre éstas y la posterior e inmediata muerte del detenido. Pero aun más sorprendente resultó que ni el fiscal ni la acusación, ejercida por el socialista José María Mohedano en nombre de una Asociación de derechos humanos, que él mismo presidía, habían solicitado que tal relación fuera establecida. De manera que por arte de la magia judicial, el vínculo entre la causa y el efecto se esfumó en el curso del proceso. Una vez más quedaba de manifiesto el status especial del que disfrutan en España los centuriones del poder político.

Ignoramos si Gil Rubiales cumplió los dos años de suspensión de empleo y sueldo. Pero no pocos compañeros suyos, condenados por delitos similares y protegidos por el ministro del Interior de turno, ni siquiera se vieron obligados a abandonar la actividad profesional por el tiempo determinado en la condena.

Dieciséis años después de que el Tribunal Supremo pronunciara la inapelable sentencia, sus superiores lo nombraron Jefe del Cuerpo Nacional de Policía de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Juan Antonio Gil Rubiales -dijeron para justificar la atrocidad- como cualquier otro, merece una oportunidad. Justamente la oportunidad de la que Joseba Arregui nunca pudo disfrutar.

 Epílogo

Cuando hace dos años, la revista digital Canarias Semanal desveló en sus páginas la biografía del nuevo Comisario Provincial, la proyección que tuvo la denuncia en todo el Estado español fue considerable, particularmente en la prensa digital. El PNV e Izquierda Unida hablaron de una interpelación parlamentaria contra el nombramiento de Gil Rubiales, que terminó perdiéndose en los pasillos del Congreso de los diputados. En las Islas Canarias, en cambio, la repulsa quedó limitada a los pronunciamientos emitidos por el movimiento ciudadano Asamblea por Tenerife y el de Los Verdes de la misma isla. El resto fue silencio, un letal silencio. Y como siempre ocurre cuando la verdad renuncia a ser contada, la falsificación y la mentira ocupa rápidamente su lugar. Andrés Chávez, un abyecto periodista, muñidor mediático de los intereses de la burguesía tinerfeña, lo ha expresado estos días en las páginas del rotativo de mayor tirada de la Isla: Juan Antonio Gil Rubiales, -decía el plumífero en su columna- es un excelente policía, enamorado de su profesión y sin aspiraciones a erigirse en comisario político. Un dossier suyo con datos absolutamente manidos, caducados, prescritos y burdos es alimentado en determinados cenáculos. La otra historia del comisario Juan Antonio Gil Rubiales ha empezado ya a escribirse.

 
 

Notas y referencias bibliográficas:

(1) Una abundante recopilación de notas y artículos de prensa alusivos al caso, publicados en el periódico El País, pueden consultarse en dos documentos incluidos en la siguiente dirección electrónica:

(2) Juan Antonio Gil Rubiales ingresó en la Escuela General de Policía en el año 1971. En 1977 ya había recibido por sus servicios la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Rojo, así como múltiples felicitaciones públicas por la eficacia de su trabajo. En el año 1982, apenas un año después de haber sido imputado por torturar a José Arregui, fue premiado por sus superiores con la Cruz al Mérito Policial. El currículo que el propio Gil Rubiales entrega a la prensa se asemeja más a la hoja de servicios de Rambo que a una referencia biográfica de la trayectoria de un funcionario. En él nuestro Comisario Provincial se jacta de su participación en la desarticulación de o­nce comandos autónomos anticapitalistas, 32 comandos de información de la banda terrorista ETA, otros siete comandos armados de la rama político-militar de ETA y 18 comandos armados militares de ETA. Como resultado de estas operaciones -relata el mismo comisario- detuvo a 271 personas, intervino 71 pistolas automáticas, 17 revólveres, 21 subfusiles, tres rifles, doscientas escopetas, 7.500 cartuchos, 400 kilos de explosivos, 32 granadas y 280 detonadores (Periódico El Día, 12 marzo 2005, Tenerife).

(3) Diario de Navarra 20-12-85

(4) El denominado caso Zabalza ocupó las primeras páginas de los periódicos durante varios meses a partir del mes de noviembre de 1985 -fecha en la que Mikel Zabalza fue detenido por miembros de la Guardia Civil. Según la versión policial, Mikel Zabalza era un colaborador de la organización ETA que se había fugado mientras era conducido, de noche, por el túnel de Endarlaza, acompañado por varios guardias civiles del tristemente célebre cuartel Intxaurrondo a la localización de un supuesto zulo, perteneciente a la organización armada. Esta versión fue cuestionada desde el primer momento por casi todo el mundo ya que presentaba serias fisuras. Zabalza había sido detenido a la vez que su primo, con el que convivía. Esa misma noche fue apresada su novia, una donostiarra estudiante de Magisterio que residía en el barrio de la Paz junto a su familia. Todos ellos fueron trasladados al cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo y tras la desaparición de Zabalza puestos en libertad sin cargos, aunque la novia, Idoia Aierdi, denunció torturas. La versión oficial presentaba considerables fisuras que motivaron que durante más de dos años, el caso fuera investigado por un juzgado de instrucción de San Sebastián que, finalmente, en julio de 1988, acordó sobreseer las diligencias abiertas.